En una decisión inédita empujada por Estados Unidos, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó los sobrecargos, que son intereses excesivos que se aplican a los países deudores que tomaron créditos del organismo por encima de sus posibilidades financieras.
Se trata de una medida geopolítica destinada a facilitar el esfuerzo bélico de Ucrania contra la invasión de Rusia, que pretende expoliar sus recursos agropecuarios y energéticos. Joe Biden prometió a Volodimir Zelenski que haría todo lo posible para evitar que Vladimir Putin gane esta guerra asimétrica, y además de proveer armamento sofisticado e inteligencia a Kiev resolvió apoyar la poda de los sobrecargos que cobra el FMI a determinados países deudores.
La Casa Blanca se apalancó sobre un planteo global que se promovía antes de la ofensiva del Kremlin contra Kiev, y en esa batalla contra la burocracia del FMI -que se oponía a recortar los sobrecargos- se alinearon el Papa Francisco, el premio Nobel Joseph Stiglitz, el profesor Thomas Piketty y el exministro Martín Guzmán.
Al margen del peso propio de Ucrania para lograr el tratamiento de los sobrecargos, el gobierno de Javier Milei también empujó con fuerza la propuesta en el G20 de Brasil y durante distintos cónclaves que sucedieron en Washington.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, mantuvo una sucesión de reuniones con ministros del G7 en San Pablo y Río de Janeiro, y aprovechó dos viajes consecutivos a DC para insistir con los sobrecargos frente a la directora gerente Kristalina Georgieva y el staff del FMI.
Los sobrecargos son intereses adicionales que el FMI impone a sus estados miembros muy endeudados, en relación con el tamaño y el tiempo de reembolso de sus préstamos. Al principio, pagar los sobrecargos implicaba a acceder a créditos más baratos respecto a los intereses que se pagaban en mercado. Fue un recurso diseñado para facilitar la recuperación económica de los países con medianos y bajos ingresos.
Pero esta ecuación crédito multilateral versus crédito de los mercados implosionó cuando se comprobó que el FMI prestaba carísimo y condicionaba las políticas económicas de los países con los programas que imponía a cambio de los desembolsos.
Antes de la decisión que asumió el directorio, los créditos que superaban el 187,5 % de la cuota tenían un sobrecargo del 2 por ciento sobre el saldo de la deuda impaga. Y el FMI agrega el uno por ciento adicional a la deuda pendiente después de tres años. Se estima que el FMI hubiera cobrado a sus socios cerca de 10.000 millones de dólares por sobrecargos en los próximos cinco años, si hoy no se cambiaba la ecuación que utiliza el board para determinar los montos de estos intereses extraordinarios.
Ucrania estaba previsto que pagará 2.900 millones de dólares entre 2024 y 2033. Y en el caso de la Argentina, solo en los últimos tres años el país desembolsó USD 3.700 millones de dólares en sobrecargos. Una suma colosal por el nivel de reservas del Banco Central y la constante crisis económica que ya no tendrá que destinar a las arcas del FMI.
A través de distintos andariveles, la Argentina logró un triunfo en el FMI que parecía una quimera hace cuatro años. Alberto Fernández y Guzmán plantearon el asunto a Georgieva durante las reuniones que mantuvieron en Roma (dos veces) y el G20 de Bali. Estados Unidos soslayaba el asunto, y recién le puso foco cuando Ucrania exigió un gesto del Fondo respecto a su débil situación económica.
Tres veces le prometió Georgieva a Alberto Fernández y Guzmán que los sobrecargos se tratarían en la “próxima reunión” del directorio del FMI. Y efectivamente sucedió: pero sólo para postergar el debate hasta el próximo año. Y así el asunto pasó desde 2020 a la reunión que se formalizó hoy, 11 de octubre de 2024.
Javier Milei tiene ciertas ventajas sobre la administración de Alberto Fernández. No buscó un plegamiento geopolítico con Rusia, respalda a Ucrania y es confiable para la Casa Blanca. En este contexto, Quirno se movió sin obstáculos ante la Secretaría del Tesoro y los ministros de Finanzas y Economía del G7.
Argentina es el principal deudor del FMI, y sobre ella caen despiadados los sobrecargos que se pagan por la decisión política de Mauricio Macri, que endeudó al país por 53.000 millones de dólares. Ahora ese proceso traumático, empieza lentamente revertirse.
La secuencia histórica de los sobrecargos encierra una paradoja política: inició con un planteo de un gobierno peronista (Alberto Fernández) y cerró su ciclo con el trabajo silencioso ejecutado por una administración libertaria (Javier Milei). A lo que hay que agregar que Guzmán, Jorge Remes Lenicov, Martín Lousteau y Axel Kicillof firmaron la misma carta para presionar a los directores del FMI, cuando sus perspectivas económicas son -en términos diplomáticos- dispares.
“Las investigaciones muestran que los recargos del FMI son procíclicos y regresivos, ya que exigen tasas de interés y comisiones más altas a los países durante las crisis financieras, cuando deberían estar invirtiendo en su propia recuperación”, sostiene la carta que firmaron Guzmán, Remes Lenicov, Lousteau y Kicillof, cuatro ministros de Economía que pasaron por gobiernos peronistas en los últimos veinte años.
El board trató la reducción de los sobrecargos a partir de un informe técnico presentado por asesores de finanzas y miembros de la influyente oficina de Estrategia, Política y Revisión (SPR, por sus siglas en inglés). Ese informe proponía la reducción de los sobrecargos por medio de tres ejes fundamentales:
Subir el umbral que se aplica para exigir los sobrecargos.
Reducir la tasa de los sobrecargos.
Achicar la tasa básica.
Es decir, la baja de los sobrecargos implicaba un mix de los tres andariveles, y el board resolvió que porcentaje se asignará al umbral y a las tasas.
Esta decisión del FMI beneficia a 22 países: Angola, Argentina, Armenia, Barbados, Benín, Costa Rica, Costa de Marfil, Ecuador, Egipto, Gabón, Georgia, Jordania, Kenia, Moldavia, Mongolia, Macedonia del Norte, Pakistán, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Túnez y Ucrania.
Argentina se ahorrará 400 millones de dólares en sobrecargos durante 2025. Es la cifra estimada que calcularon Caputo y Quirno en el Palacio de Hacienda.