Treinta años de impunidad: nuevo aniversario del atentado a la AMIA

Este 18 de julio se cumple un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Tres décadas desde aquel ominoso lunes de 1994, cuando a las 9.53 am volaron la sede de la mutual judía, asesinando a 84 personas -una de ellas embarazada-. Pasaron gobiernos de distinto signo político, un juicio nulo por las maniobras espurias, funcionarios judiciales y políticos a quienes les bajan las condenas previas, otros quedaron absueltos, pero la impunidad del Estado argentino sigue en pie. Causa AMIA: monumento a la impunidad.

Los avatares de la causa AMIA, a través de todos los gobiernos que han pasado desde el atentado, no hicieron más que sostener la impunidad del Estado Argentino. El mismo memorándum de entendimiento con Irán, firmado por Cristina Kirchner y ratificado por el Congreso Nacional, fue un intento de exculpar al Estado de su propia responsabilidad sobre el mismo atentado y luego sobre el encubrimiento.

Los hechos

Lunes, 7 minutos antes de las 10 am, Pasteur y Viamonte –calles muy concurridas del barrio denominado popularmente Once de la Ciudad de Buenos Aires-. Varias centenas de personas en la Asociación Mutual Israelí Argentina, y otras tantas en los comercios aledaños y transitando por esas calles.

Exactamente a esa hora se produce la voladura de la mutual (algunos sobrevivientes luego recordarán y asegurarán que sintieron dos cimbronazos producto de dos estruendos).

Resultado: 84 personas asesinadas, una de ellas embarazada y más de 300 heridas. Muchas estaban ahí buscando trabajo a través de la bolsa de trabajo de la mutual, algunos eran obreros de la construcción que estaban haciendo refacciones, otras simplemente pasaban por ahí o vivían en edificios aledaños.

¿Por qué decimos que la causa AMIA es un monumento a la impunidad?

El primer juez que tuvo a su cargo la investigación del atentado, fue Juan José Galeano, quien fuera destituido en 2004 por mal desempeño en sus funciones.

Tres años antes, en 2001, comienza el primer juicio oral por la Causa AMIA, donde estaban acusados por encubrimiento Menem, Galeano, Rubén Beraja (titular de la DAIA por aquel entonces), los dos fiscales federales que tenían a su cargo la investigación del atentado -Eamon Mullen y José Barbaccia, dos viejos amigos del PRO, desde cuando Macri era el Jefe del Gobierno porteño- y Carlos Telleldín (un “hombre de negocios”, que no era más que un reducidor de autos con estrechas relaciones con la jerarquía policial de la Federal y con servicios de inteligencia), a quien luego se comprobó que Galeano le había pagado con fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado –la SIDE que hoy bajo el gobierno del libertariano Milei, vuelve a reeditarse y con personajes de aquella época- para que cambie su primera declaración e inculpe a policías de la bonaerense.

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Ese primer juicio luego tuvieron que declararlo nulo por las irregularidades que se habían cometido en su transcurso y los acusados, por esa anulación, fueron todos sobreseídos.

Recordemos que Telleldín fue quien vendió la famosa Traffic, que supuestamente contenía los explosivos que hicieron volar la mutual. Decimos “supuestamente”, porque en los primeros días de la investigación solo se hablaba de explosivos que estaban en el interior del edificio.

Más tarde aparece la versión de la traffic conteniendo los explosivos, versión que iba en línea con la de un atentado realizado con la logística del Hezbollah -organización política-militar con sede en Líbano, aliada a Irán-.

Recién en 2015 se realiza otra vez el juicio -denominado Causa AMIA II- pero solo por la responsabilidad individual (nunca por el rol que jugó el Estado con sus instituciones).

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En el juicio se termino absolviendo al expresidente Carlos Menen, a Beraja y a Jorge «Fino» Palacios, el excomisario de la Policía Federa que estaba al frente de esa fuerza cuando sucede el atentado. Los condenados fueron los ex fiscales, junto a Galeano y quien fuera el jefe de la ex SIDE Hugo Anzorreguy.

Fue en abril de este año que luego de la apelación, la Cámara de Casación Penal resolvió, en la Causa AMIA II, mantener la acusación de encubrimiento de los acusados pero bajando las condenas. Pero tanto el gobierno de Milei, como todas las grandes empresas de comunicación -afines al gobierno- lo que «informaron» a la población fue que se daba por probada la culpabilidad de Irán y Hezbollah en el atentado (como así también el de la voladura de la embajada de Israel), algo que en realidad es una opinión de dos de los tres miembros del tribunal. De la responsabilidad del Estado argentino, de nuevo, ni una palabra.

Fue en el gobierno del derechista Mauricio Macri que se designó a Hezbollah como organización terrorista, en línea con Estados Unidos, algo que fue ratificado por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ahora Milei le indilga a Hamas (la organización político militar islamista de la Franja de Gaza, la misma categoría. Ninguna sorpresa si se tiene en cuenta su política exterior, que como él mismo gusta decir está alineada incondicionalmente con Israel y Estados Unidos.

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Otra vergüenza de la justicia en la causa AMIA.
Seguiremos reclamando una Comisión Investigadora independiente para conocer la verdad.
De las cloacas no nacen flores. Asco.

— Myriam Bregman (@myriambregman) February 28, 2019

Pero volvamos al año 1994. A fines de julio de ese año, Galeano ya asumido al frente de la causa, viaja a Venezuela a entrevistarse con un ex funcionario iraní, Manoucher Motamer, que había indicado poseer información que inculpaba a otros iraníes. Luego se supo que Motamer era un agente de la CIA. Es en ese momento que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos interviene fuertemente en la causa dando información direccionada a apuntar hacia el país persa como responsable del atentado.

Fue muy elocuente que tan solo tres horas después de la voladura de la AMIA tanto EEUU como Israel acusaron a Hezbollah y a Irán de haber sido los autores materiales e intelectuales del atentado. Así, la CIA y el Mossad –servicio de inteligencia del Estado de Israel- comienzan a operar “brindando” información para “resolver” la causa. El ex presidente Menem autoriza directamente su intervención.

¿Por qué?

En 1992 Bill Clinton era el nuevo presidente estadounidense, luego de que el republicano George Bush padre, iniciara la guerra del Golfo (1991). Allí Estados Unidos impuso su fortaleza militar, junto a otras potencias imperialistas. En aquel momento cuando el neoliberalismo se mostraba triunfante, el que fuera el principal policía del mundo(actualmente en crisis, con los distintos imperialismos compitiendo entre ellos, más allá de sus alianzas) se sentía fortalecido para imponer el orden en todo el Medio Oriente. Junto a su socio menor, Israel, querían poner “en regla” a Irán.

El Estado sionista de Medio Oriente, se aprestaba a firmar un acuerdo de paz con Jordania –firmado finalmente en octubre de 1994-. Pero la firma de ese acuerdo implicaba neutralizar a quienes el sionismo considera sus enemigos “naturales”, en este caso el país de los Ayatolás.

Esos aparatos de inteligencia extranjeros nunca dejaron de intervenir. Es conocido como el ex fiscal Alberto Nisman, encontrado muerto en 2015, se nutría de información proveniente de esas agencias para acusar a ex funcionarios iraníes de la autoría de la voladura de la AMIA. La correa de transmisión en nuestro país, el «enlace argentino», era el espía Jaime Stiuso -que cuando es nombrado Nisman al frente de la Unidad Fiscal AMIA, también es nombrado Stiuso como agente colaborador-. Este personaje nefasto, que prestó servicios en contrainteligencia durante toda la dictadura cívico-militar, fue acusado hasta por Pino Solanas (cineasta y político de centroizquierda, ya fallecido) de atentar contra su vida en 1991, por orden del menemismo.

No está de más recordar que quien estuvo al frente de la Unidad Fiscal AMIA, hasta su muerte, antes de ocupar ese puesto por indicación de Néstor Kirchner en 2004, fue fiscal colaborador de Mullen y Barbaccia en la bochornosa primera Causa AMIA.

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Nisman, a la par del Gobierno de Néstor Kirchner, y del primer Gobierno de Cristina Kirchner, siempre sostuvo la responsabilidad de Irán. Pero la geopolítica metió la cola.

Obama comienza, en 2013, un giro pragmático de la política de Estados Unidos hacia Irán, más aperturista, que culminará en un acuerdo del programa nuclear -2015-, por necesidad de combatir al Estado Islámico y estabilizar Irak. (Luego del fracaso de la política guerrerista de Bush en el mismo Irak y en Afganistán). Cristina Fernández de Kirchner lo advierte y en consonancia con la política exterior de Estados Unidos, también da un giro, deja de culpabilizar a la República Islámica de Irán y firma el memorándum de entendimiento con ese país.

Esa voltereta de la política kirchnerista exterior y hacia la causa AMIA, deja en el aire al ex fiscal Nisman, que junto con el espía “Jaime” Stiusso, venían apostando sus fichas, sin ninguna prueba, a la culpabilidad iraní.




AMIA: Otro aniversario marcado por la impunidad, sin justicia.

Uno de los dirigentes de APEMIA –Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA-, Pablo Gitter, en una entrevista en 2016, afirmaba: “todo lo hecho por Nisman en sus dictámenes sostuvieron esa carcasa hueca que ayudaba a que el gobierno nacional, colgado de los intereses de la OTAN, Estados Unidos, Europa y, obviamente, de Israel, pudiera atacar contra los malos iraníes. Cuando el orden mundial se da vuelta y los que ayer eran malos, ahora son aliados, Nisman quedó patas para arriba”.

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El Gobierno de Cristina Kirchner solo procedió a la apertura de una parte de los archivos y los familiares de las víctimas nunca tuvieron libre acceso.

Macri maniobró planteando que la apertura de los archivos la realizó su gobierno, lo cual es falso. Se dispuso que ciertos archivos puedan estar disponibles para la Unidad Fiscal AMIA, pero era la AFI (la ahora ex Agencia Federal de Inteligencia) la que los podía buscar, compilar y luego entregar. Es decir, la discrecionalidad seguía quedando del lado de los servicios de inteligencia.

Ninguno de los gobiernos que han pasado desde ese 18 de julio de 1994 permitió la apertura irrestricta de todos los archivos, para que familiares de las víctimas y organizaciones de Derechos Humanos, que actúan en forma independiente, puedan acceder a ellos y dirigir la investigación. Por supuesto, del ultraderechista Milei, nada podemos esperar.

Son los familiares de las víctimas, que vienen exigiendo justicia hace 30 años y no están atados a los intereses de ninguna potencia extranjera, ni a los designios de los servicios de inteligencia, ni a los gobiernos de turno, quienes pueden llegar a la verdad.