El gobierno ya firmó el segundo decreto de la Ley Bases, que permite rescindir contratos previos al 10 de diciembre de 2023 y regula las concesiones de obras públicas. La norma será publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El presidente Javier Milei sigue adelante con la implementación de la Ley Bases sobre las obras públicas, tras la firma de un segundo decreto reglamentario que introduce modificaciones significativas en la legislación vigente. Este decreto, que será publicado el próximo lunes en el Boletín Oficial, marca un nuevo paso en la reforma estructural de la Ley de Obra Pública (17.520) y establece cambios en los contratos y transacciones asociados.
Uno de los puntos clave del nuevo decreto es la habilitación al Gobierno para rescindir contratos de obras públicas y servicios firmados antes del 10 de diciembre de 2023. Este poder se aplica también a proyectos cuyo valor supere los $10.000 millones, excluyendo aquellos que tengan un avance del 80% o cuenten con financiamiento internacional. Asimismo, se fija un plazo máximo de 90 días para que los proyectos sean puestos en marcha, asegurando celeridad en su ejecución.
El decreto también establece que la Casa Rosada deberá contar con dictámenes favorables de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Procuración del Tesoro, bajo la presidencia de Rodolfo Barra, para avanzar en futuros acuerdos transaccionales. Además, se modifica la Ley 17.520, otorgando al Gobierno la facultad de conceder obras públicas a sociedades privadas, mixtas, o entes públicos, permitiendo el cobro de tarifas y peajes como parte de la prestación de servicios públicos.
Las concesiones se realizarán mediante licitaciones públicas, tanto nacionales como internacionales, y deberán ser financiadas exclusivamente por el sector privado, bajo la supervisión del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo.
Entre otras modificaciones, el decreto elimina los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928, que prohibían la actualización monetaria, la indexación por precios, y la variación de costos en las deudas, impuestos, y tarifas. Asimismo, se disuelve el fondo destinado a controlar las concesiones, anteriormente financiado por un pequeño porcentaje de la recaudación de peajes y ventas de terrenos e inmuebles.
Por último, la nueva normativa permite la creación de sociedades anónimas de propósito específico como vehículo de inversión empresarial, con restricciones para ceder contratos a terceros hasta que la obra haya alcanzado al menos el 20% del plazo o de la inversión comprometida. Además, se requerirá la aceptación de los financistas y la intervención de paneles técnicos en caso de controversias durante la ejecución de las obras.