La justicia británica pidió a Estados Unidos nuevas garantías sobre el trato que le darían a Julian Assange si es trasladado a ese país y resolvió que si la respuesta no es positiva otorgarán al fundador de WikiLeaks un último recurso en Reino Unido contra su extradición. Los jueces dieron un plazo de tres semanas a las autoridades estadounidenses para que garanticen que Assange podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte. Washington pide que Assange sea extraditado por 18 delitos de espionaje e intrusión informática, luego de las explosivas revelaciones de su portal, que desde 2010 publicó más de 700 mil documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, particularmente en Irak y Afganistán. Entre ellos se encuentra un video que muestra a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por los disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak, en julio de 2007.
La decisión de los jueces
Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson, que evaluaron durante varias semanas los argumentos de las partes, consideraron que un eventual recurso de Assange podría prosperar parcialmente, por lo que ofrecen al gobierno de Estados Unidos la oportunidad de «ofrecer garantías» contra esos argumentos. Según el dictamen, el tribunal dio al gobierno de los EE.UU. tres semanas para dar garantías satisfactorias de que Assange podrá alegar en su defensa la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, relativa a la protección de la libertad de expresión.
También se necesitarán garantías de que el australiano no se verá perjudicado en el juicio por razón de su nacionalidad, de que se le concederán las mismas protecciones de la Primera Enmienda que a un ciudadano estadounidense y de que no se le impondrá la pena de muerte. Si no se dan esas garantías, entonces se concederá autorización a Assange para recurrir, pero si se ofrecen, las partes tendrán la oportunidad de presentar nuevas observaciones en una audiencia el próximo 20 de mayo, a fin de tomar una decisión sobre la posibilidad de apelación.
Los jueces desestimaron en su dictamen de este martes algunos motivos de la solicitud de apelación, incluidos los argumentos de Assange de que su caso responde a sus opiniones políticas. En caso de derrota, a Assange solo le quedará recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que suspenda la extradición, pero los plazos son muy justos.
«Preso político»
En medio de una gran expectativa por el dictamen, los jueces tenían que considerar los argumentos presentados por las partes en dos vistas judiciales celebradas en febrero con el fin de decidir si apoyaban o revocaban el fallo de 2023 del juez Jonathan Swift. Ese magistrado denegó el año pasado a Assange la posibilidad de seguir recurriendo en el Reino Unido y dio su visto bueno a la entrega del periodista a Estados Unidos. La extradición fue firmada en junio de 2022 por la entonces ministra británica de Interior, Priti Patel.
Luego de que se conociera el fallo de este martes, la esposa del periodista, Stella Assange, dijo a las puertas del tribunal, ante los medios y un grupo de seguidores, que su marido es un «preso político». «Él es periodista y es perseguido porque expuso el verdadero costo de la guerra» y este caso «es una señal a todos de que si exponés los intereses que impulsan la guerra, vendrán por ti», agregó.
Stella Assange consideró que el proceso contra su marido es «una vergüenza para cualquier país democrático» y que «Julian no debería haber estado en prisión ni un solo día». El antiguo líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, dijo ante las puertas del tribunal sentirse aliviado por este paso judicial, que «no es una victoria completa porque Julian aún está preso», aunque «aún estamos aquí luchando por él». Por su parte la vocera del ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, criticó duramente el sistema judicial británico y aseguró que «se ha convertido en una farsa, una burla frente al mundo».
Organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras piden la liberación de Assange. «Estados Unidos debe poner fin a su persecución de Assange por motivos políticos, que pone en peligro a Assange y a la libertad de los medios de comunicación en todo el mundo», declaró Simon Crowther, asesor jurídico de Amnistía Internacional. Rebecca Vincent, directora de campaña de Reporteros sin Fronteras, estimó que el fallo del martes da «una última esperanza» de que Reino Unido haga justicia.
Riesgo de vida
En las últimas semanas, los familiares y allegados de Assange, recluido durante cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, alertaron del deterioro de su salud. Su defensa también advierte sobre el riesgo de suicidio en caso de extradición. El australiano se ausentó por razones médicas de las audiencias de febrero, a las que acudieron decenas de simpatizantes para expresarle su apoyo.
Durante esos dos días de debate, sus abogados argumentaron que este proceso en su contra es «político» y que una extradición pondría en peligro su salud e incluso su vida. Según dijo entonces su abogado, Edward Fitzgerald, el australiano está siendo juzgado por «prácticas periodísticas ordinarias» consistentes en «obtener y publicar información». Por ese motivo su cliente se enfrenta a una sentencia desproporcionada en Estados Unidos y «existe un riesgo real de que sufra una flagrante denegación de justicia», agregó Fitzgerald.
La abogada Clair Dobbin, que representa al gobierno estadounidense, argumentó por su parte que Assange había publicado «indiscriminadamente y a sabiendas los nombres de personas que servían como fuentes de información para Estados Unidos». «Son estos hechos los que lo distinguen (de otros medios de comunicación) y no sus opiniones políticas», argumentó.
En enero de 2021, la justicia británica falló inicialmente a favor del fundador de WikiLeaks. Hablando del riesgo de suicidio, la jueza Vanessa Baraitser se negó entonces a autorizar la extradición. Pero esa decisión fue revertida más tarde. Estados Unidos intentó despejar los temores sobre el trato que recibirá si es extraditado y aseguró que no será encarcelado en la prisión de alta seguridad de Florence, apodada la «Alcatraz de las montañas Rocosas», y que tendría la atención clínica y psicológica necesaria.
Washington también abrió la puerta a que Assange cumpla su eventual pena en Australia. En su tierra natal, el primer ministro Anthony Albanese denunció a mediados de febrero la persecución contra Assange por parte de la justicia estadounidense y el Parlamento adoptó una moción pidiendo ponerle fin. «La gente tendrá opiniones diferentes sobre la conducta de Assange, pero independientemente de la posición de la gente, esto no puede seguir y seguir indefinidamente», dijo Albanese al Congreso.
Detenido sin condena
Assange fue detenido por primera vez en 2010 a petición de Suecia por un caso que ya quedó archivado, pero en 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo siete años durante el gobierno de Rafael Correa. Con la llegada al poder de Lenín Moreno a Ecuador, el país dejó de dar asilo al australiano. Pese a no haber sido condenado por ningún delito, el australiano de 52 años pasó casi 14 años de cautiverio en el Reino Unido, el último lustro en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh, a la espera de una ansiada libertad.
El fundador de WikiLeaks nació en Townsville, en el nordeste australiano, sin conocer a su padre, John Shipton, hasta que cumplió 25 años, ya que su madre se separó de él antes del nacimiento de Julian. Atraído por la informática de forma autodidacta, entre 2003 y 2006 estudió, en la Universidad de Melbourne, Física y Matemáticas, además de Filosofía, sin llegar a terminar ninguna carrera. Eso no le impediría crear una página de Internet como WikiLeaks, que se convirtió en un dolor de cabeza para la mayor potencia mundial.