La polémica ley francesa, aprobada en 2016, ha sido objeto de muchos debates y divide tanto a la clase política como a las asociaciones de ayuda a las prostitutas.
Una legislación francesa que criminaliza a los clientes de los trabajadores sexuales no infringe el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según ha dictaminado este jueves el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
La decisión llega en respuesta a una demanda de unos 261 trabajadores sexuales, tanto hombres como mujeres, que alegaban que la ley, aprobada en 2016, había aumentado su riesgo de sufrir agresiones o infecciones de enfermedades de transmisión sexual.
La norma amenaza a los compradores de sexo con multas de entre 1.500 y 3.500 euros. Los trabajadores y las asociaciones que respaldaron su demanda aseguran que la ley pone en peligro la salud física y mental de los trabajadores y que perjudica su derecho, y el de sus clientes, a la vida privada y a la libertad sexual.
«Esta sentencia no reconoce que penalizar el trabajo sexual aumenta la discriminación y la estigmatización y pone en peligro la seguridad de las personas que ejercen el trabajo sexual, que se encuentran entre los grupos más marginados de nuestras sociedades», afirma en un comunicado Anna Błuś, investigadora sobre los derechos de la mujer de Amnistía Internacional.
La ley «obliga a las trabajadoras a correr más riesgos»
Cuando se aprobó la ley, que rara vez se aplica, fue aclamada como un gran paso adelante por los activistas que esperaban eliminar la prostitución.
Sin embargo, desde Amnistía Internacional aseguran que este tipo de leyes contra la prostitución supone un «obstáculo» para que las trabajadoras puedan acceder, por ejemplo, a la atención sanitaria o a la vivienda.
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«Criminalizar la compra de sexo obliga a las trabajadoras sexuales a correr más riesgos, mientras que penalizar el mantenimiento de burdeles impide que las trabajadoras sexuales trabajen juntas para garantizar su propia seguridad», dice Błuś de Amnistía Internacional.
El alto tribunal consideró en su fallo que los peligros y riesgos a los que están expuestas las trabajadoras sexuales «ya estaban presentes» antes de la adopción de la ley y que no se sabe si los efectos negativos de la prostitución son causados directamente por su criminalización.