El Gobierno nacional ha presentado en el Congreso un proyecto de ley destinado a simplificar el proceso de divorcio. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, propone que los cónyuges puedan disolver su matrimonio de manera administrativa, “de la misma manera que lo contrajeron”: de mutuo acuerdo y ante el oficial público del Registro [[{«value»:»
El Gobierno nacional ha presentado en el Congreso un proyecto de ley destinado a simplificar el proceso de divorcio. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, propone que los cónyuges puedan disolver su matrimonio de manera administrativa, “de la misma manera que lo contrajeron”: de mutuo acuerdo y ante el oficial público del Registro Civil.
El proyecto también cuenta con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. El objetivo es implementar un “divorcio simplificado con mayor libertad”, permitiendo a las parejas disolver su vínculo matrimonial de manera “más simple, rápida y económica”.
Si el proyecto es aprobado por ambas cámaras del Congreso, modificaría el artículo 435 del Código Civil y Comercial, incorporando una nueva causal de divorcio a las ya existentes, que incluyen la muerte de uno de los cónyuges, la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, o el divorcio judicial.
Qué propone el proyecto de divorcio administrativo del Gobierno
Según el documento presentado por el Poder Ejecutivo, los divorcios judiciales “demandan tiempo y dinero”. “Un divorcio judicial implica gastos sustanciales por el costo del proceso y todo lo que ello conlleva. Además, el tiempo que insume el proceso limita la libertad de las partes para disponer de algunos de sus bienes”, detalla el texto.
El proyecto también subraya que los divorcios judiciales incrementan el número de causas en el sistema, lo que provoca lentitud y mayores costos indirectos para los contribuyentes. “Procesos que podrían tramitarse por una vía administrativa inundan los tribunales”, añade el documento.
El propósito es otorgar “mayor libertad” a las partes para tomar decisiones sobre “los cambios en su vida”.
Cómo funcionaría el divorcio en sede administrativa según el proyecto
La propuesta busca cubrir lo que considera un vacío legal: la posibilidad de un divorcio en sede administrativa que permita a los cónyuges terminar su vínculo de mutuo acuerdo ante el oficial público encargado del Registro Civil, sin necesidad de acudir a un tribunal.
El texto señala que varios países, como Brasil, Portugal, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Italia, Rumania, Estonia, Letonia y Japón, ya cuentan con sistemas de divorcio administrativo o notarial.
Este sistema, según el proyecto, ofrecería a las parejas una alternativa más accesible para finalizar su matrimonio de manera “simple, rápida y económica”, aumentando así su libertad al evitar los inconvenientes del proceso judicial.
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