La organización Madres del Dolor festejó la aprobación del proyecto de ley
La Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley que establece la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG), con el objetivo de que pueda colaborar en la identificación genética de todo tipo de investigación criminal. Lo que se busca con esta reforma es sumarle nuevas atribuciones al organismo creado en el año 2013, y que no se dedique exclusivamente solo a los ofensores sexuales.
La propuesta logró ayer la aprobación con 146 votos afirmativos, 87 negativos y 7 abstenciones, en el marco de la maratónica sesión que abordó un nutrido conjunto de leyes. Fue girado al Senado para su sanción definitiva. La medida es apoyada por la organización “Madres del Dolor”. Entre otras, estuvieron presentes en el recinto Adriana Belmonte, Isabel Yaconis y Jimena Adúriz, cuyas hijas –Lola Chomnalez, Lucila Yaconis y Ángeles Rawson- fueron víctimas de femicidio.
La propuesta es impulsada por el Gobierno nacional. Se prevé que, de lograr la sanción definitiva en el Senado, el nuevo banco de datos permitirá comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados. La modificación del sistema incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.
También apunta a que funcione en el fuero federal y nacional, pero se podrán firmar convenios entre la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y el Ministerio de Seguridad de la Nación para que otras jurisdicciones puedan utilizar sus servicios.
La diputada Laura Rodríguez Machado, del PRO, explicó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en calidad de miembro informante, y la calificó como “una de las más importantes en materia de investigación criminalística desde el año 1912″.
“Muchas madres y muchas mujeres que han sido objeto de violaciones pueden encontrar, a través de este nuevo sistema, quienes fueron sus victimarios”. “Ahora vamos a incluir que ingresen también los perfiles genéticos de los imputados por delitos”, remarcó.
El mensaje de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la media sanción del proyecto de ley
Durante el debate, al defender el proyecto de ley, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine reveló que fue víctima de violación hace 18 años y que todavía guarda una botella de agua que podría servir de evidencia. “En el año 2006 fui víctima de violación, golpes y secuestro. Mi violador seguía libre y volvió varias veces a mi casa. Yo no lo conocía, estaba loco. La policía lamentablemente nunca lo encontró”, detalló.
El diputado libertario Gabriel Bornoroni afirmó que el registro genético “ayudará a transformar el país y permitirá avanzar con rapidez ante nuevos casos; así saldaremos las deudas con las víctimas”. Desde el mismo bloque, Santiago Santurio, sostuvo que “es fundamental que se identifiquen a los criminales y que vayan a la cárcel”, mientras que la legisladora Natalia Sarapura (UCR) remarcó que “esta modificación no debemos entenderla solo como una iniciativa tecnológica, sino que la debemos entender, defender y aplicar como un compromiso con la justicia, seguridad y bienestar de todos los argentinos”.
Los cambios al proyecto original
Entre las voces disidentes a la iniciativa del oficialismo estuvo el bloque de Unión por la Patria (UxP). Al presentar el dictamen de minoría, el diputado Martín Soria detalló las diferencias con respecto al de mayoría, enunciando los tres principales ejes: “Es inconveniente que sea traspasado a la órbita del Ministerio de Seguridad; la toma de muestras de ADN compulsiva sin definir prioridades en lógica criminal; y la designación sin criterios del directorio de huellas genéticas, cambiando el software nacional y gratuito creado en 2013 para reemplazarlo por uno del exterior”, a cargo del estadounidense FBI.
Algunos de esos puntos señalados fueron corregidos o modificados en la redacción final, con el aval del bloque mayoritario de la oposición de Unión por la Patria. Durante la votación en particular, la redacción sufrió modificaciones luego de que el artículo 2 -que establecía el traspaso a Seguridad- resultara rechazado. Tras casi una hora de cuarto intermedio, los bloques acordaron que se mantenga el registro nacional bajo la órbita del Ministerio de Justicia. La votación resultó con 231 votos afirmativos, 0 negativos y 7 abstenciones.
Otro punto de controversia fue el artículo 4, inciso “E”, que quedó redactado de la siguiente manera: “Perfiles genéticos de una persona mayor de edad imputada, procesada o sobre la que recayese resolución judicial equivalente, o condenada en un proceso judicial o huellas que se encontraron asociadas con su identificación, así como los perfiles de quienes no fueron condenados por mediar una causa de inimputabilidad penal. A los fines de esta ley se considerará persona imputada desde el primer llamado efectuado con el objeto de recibirle declaración indagatoria o equivalente”.
“En el caso de los menores de edad -sigue ese artículo-, sus perfiles genéticos solo podrán ser Incorporados si fueron declarados penalmente responsables por la comisión de un delito. Los datos serán removidos cuando la persona Imputada, procesada o condenada sea desvinculada de la investigación a través de una resolución judicial que adquiera certeza de cosa juzgada, o cuando no se haya resuelto la situación procesal y la etapa de investigación se extienda por más de tres años”.
En el artículo 5, se modificó la redacción donde dice “se considera persona imputada desde el primer llamado a la primera indagatoria” y que “los datos serán removidos cuando la persona imputada, procesada o condenada sea desvinculada de la investigación procesal”.
El resultado de la votación
La Cámara de Diputados removió del artículo 6 la frase “delitos culposos”; y del artículo 7, se cambió “de encontrarse compatibilidad reiterar la extracción de la muestra bajo orden judicial del órgano competente”. Ambos cambios lograron un amplio consenso. Finalmente, se dispuso la creación del art. 12 bis, que indica se modificó el párrafo “y en caso de negativa a extraer el ADN, se eliminó la palabra “compulsiva” y se dejó como redacción “la obtención de la muestra se obtendrá mediante orden de autoridad judicial competente”.
El bloque más refractario a la aprobación de cualquier cambio y la sanción del Registro Nacional de Datos Genéticos fue el del Frente de Izquierda (FIT-U). La diputada del Partido Obrero (PO), Vanina Biasi criticó el proyecto porque “tiene como finalidad tener más instrumentos para espiar a nuestra sociedad”. “A mí tendrían que extraerme los datos genéticos, porque fui imputada en una causa en donde se me acusa de haber dado mi opinión por Twitter”, sostuvo.
“El proyecto atenta contra el principio de lesividad y proporcionalidad y ataca a los derechos de privacidad y dignidad de las personas acusadas o condenadas por hechos leves que deberán soportar cuando el Estado almacene sus datos. Esto es inconstitucional y declaro sesgos persecutorios y violatorios de derechos porque está pensado como herramienta represiva y donde todos seremos sospechosos”, consideró el diputado (PTS-FIT) Alejandro Vilca.