Las amenazas contra agencias y medios internacionales, la deportación de reporteros extranjeros y el hostigamiento contra periódicos y radios han acompañado la estrategia gubernamental
«Hemos sido acribillados por los medios de comunicación», se quejó Nicolás Maduro en un nuevo ataque de victimismo. La realidad que se vive hoy en Venezuela es radicalmente la contraria, incluso cuatro periodistas son acusados de terrorismo tras ser detenidos mientras hacían sus coberturas profesionales.
Se trata de la fotógrafa Daisy Peña, quien ya está recluida en la cárcel de Ocumare del Tuy; del reportero gráfico Yousner Alvarado, en Barinas; del camarógrafo llanero Paul León y del periodista y locutor José Gregorio Camero, apresado incluso antes de que comenzara una protesta en Valle del Pascua.
Y no son los únicos perseguidos en estos días. Roland Carreño, prisionero político en la cárcel del Helicoide durante tres años, ha vuelto a caer en las garras del chavismo. Luis López y Gabriel González lo hicieron días antes de las elecciones. Tras las rejas están desde hace tres años Ramón Centeno y desde abril el conocido periodista y activista vecinal Carlos Julio Rojas.
«Estamos ante la continuidad de una política de estado que ve incompatible las garantías de la libertad de expresión y el modelo político que existe en Venezuela, que no acepta esta libertad. Un modelo que empezó con Hugo Chávez, con la descalificación pública de medios y periodistas, muy fuerte ahora con los medios internacionales porque los nacionales están bajo control y los impresos muy reducidos. De 100 periódicos que circulaban hace unos años, ya sólo lo hacen alrededor de 20 y no salen todos los días», explica a EL MUNDO Carlos Correa, presidente de Espacio Público, organización que lucha por la libertad de información y que también tiene bloqueada su web por el gobierno.
Las amenazas contra agencias y medios internacionales, la deportación de reporteros extranjeros y el hostigamiento contra periódicos y radios han acompañado la estrategia gubernamental, con especial énfasis contra los periodistas con repercusión en redes. «El CNE no ha publicado los datos de las 30.026 actas de votación y suspendió las tres auditorías post 28J necesarias para validar sus resultados. Enviar policías encubiertos a hostigar a mi madre, una mujer enferma, y a sus vecinos, no va a cambiar las omisiones del CNE», protestó ayer el periodista Eugenio Martínez, uno de los principales expertos en materia electoral.
El ataque gubernamental contra X (antiguo Twitter) y, sobre todo, contra WhatsApp refleja el interés del gobierno por ocultar la información. «Se han convertido en el principal mecanismo para circular la información que producen medios internacionales que se recircula en ese ecosistema de comunicación privada, en grupos y otros mecanismos, y la que producen los medios digitales venezolanos (censurados o bloqueados en el interior del país en su mayoría). Hay un ataque muy fuerte a las plataformas que permiten la redistribución de información, a los periodistas que estaban haciendo su trabajo en el contexto electoral, con la característica que se ha avanzado en la dinámica de criminalización. Estamos ante el recrudecimiento de esa política», sentencia Correa.