La Provincia aplica multas que pueden superar los 500 sueldos básicos de un estatal, según sus agravantes, a quienes quemen caña de azúcar, malezas o viertan vinaza al suelo o a cursos hídricos. Además, los hechos son denunciados en la justicia penal.
El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, informó cómo trabaja la provincia para prevenir, fiscalizar, multar y denunciar ante la justicia, la quema de vegetación en Tucumán, particularmente de caña de azúcar y malezas, así como el vertido de vinaza por parte de los ingenios.
Durante una conferencia de prensa, Abad fue acompañado por el secretario de Producción, Eduardo Castro; el jefe de Policía, Joaquín Girvau y el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Producción, Facundo Moreno Majnach.
Abad dijo: “venimos insistiendo que hay que tener mucho cuidado con el tema de la quema, especialmente de caña y también de maleza. Estamos siendo implacables. Tenemos mucha quema. Se han realizado los procedimientos correspondientes. Estamos labrando las actas, los procedimientos administrativos y también las denuncias penales que correspondan al propietario de la finca en donde ocurren estos acontecimientos”.
Añadió también: “estamos también aplicando multas a algunos ingenios que tienen que ver con la contaminación ambiental por el derramamiento de vinaza en la cuenca del Río Salí”.
El Ministro de Economía y Producción reiteró: “esto es para todos aquellos que tengan que ver con la producción. Vamos a seguir siendo implacables en este tema. Tengan mucho cuidado porque estamos haciendo las denuncias penales. Esto no va a ser gratis porque entendemos y sabemos que muchos de los casos de quema de caña son voluntarios”.
A su turno, Castro contó que se están haciendo las medidas correspondientes referidas a la quema de caña por parte del departamento de Fiscalización Ambiental. “Se llevan labradas 55 actas aproximadamente y ya se les dio el curso a la Justicia para que tomen cartas en el asunto”, dijo.
“De parte nuestra, corresponde salir, controlar y concientizar a la gente que la quema de caña no es un beneficio para la producción ni para el medioambiente”, sostuvo Castro.
En ese sentido, el funcionario afirmó que las actas son 18% de caña en pie y el resto de rastrojo de caña. “de ingenios solo hay cinco actas recibidas por caña quemada, de las cuales se comprobó que no era intencional la quema”, dijo.
En cuanto a la situación de una fábrica azucarera, dijo: “Nosotros tenemos ya consolidada una multa para el Ingenio Bella Vista por vuelco de vinaza” y dijo que la medida se debe a que “hubo un camión que transportaba vinaza que no estaba en condiciones para hacerlo y hubo un vuelco en uno de los caminos internos del ingenio. Ellos fueron los que hicieron la denuncia. Posteriormente tomamos intervención y hoy ya está la multa ejecutada y labrada para ver que el Departamento Legal haga lo que corresponde”.
Castro recordó que en el año 2022 se quemaron 78 mil hectáreas de caña, en el 2023 fueron 28 mil hectáreas y en lo que va del 2024 “no tenemos la evaluación todavía, pero te da la pauta que el año pasado, que no hubo helada fuerte, no se produjeron los incendios que hubo este año” y remarcó que la quema baja puntos de rinde y produce daño al suelo, al tiempo que explicó que este fenómeno se debe a cuestiones culturales en algunos casos.
Intervención policial
Girvau aseguró que hasta el momento “no hemos recibido denuncia de propietarios en comisarías por quema de cañaverales. Simplemente documentamos el hecho, le damos intervención a la Unidad Fiscal para identificar el padrón y al dueño de la zona afectada”, explicó.
A su vez corroboró que las zonas más afectadas son el este y sur por hallarse la mayor superficie cultivada de caña de azúcar.
“Cuando atrapemos a alguien infraganti será detenido porque es un delito. Es un peligro lo que hacen, hay cañaverales cerca de la ruta y se puede originar una gran tragedia” o cuando el fuego “se origina bajo un tendido eléctrico y puede producir cortes de energía”, fue tajante Girvau y aseguró que “estamos trabajando en el interior del campo con móviles y unidades especiales”.
Por último, el funcionario policial indicó que “la justicia determinará quién o quiénes son los autores del delito”, pero especulo que “si los dueños de cañaverales no hacen la denuncia deben ser responsables”, como también “los inescrupulosos que deambulan por los cañaverales y provoca el incendio”.
Encuadre normativo
Moreno declaró: “lo que nosotros como Estado, como Administración Pública, nos corresponde verificar, es la Ley N° 6.253, que prohíbe la quema de vegetación. Se hace un acta. Esto lleva un procedimiento largo, porque hay que pasar a través de la Dirección General Catastro y el Registro Inmobiliario para llegar al titular. Y recién iniciar un sumario administrativo. Eso es la infracción administrativa”.
“No olvidemos que la quema de cañaverales es un delito que está tipificado en el Código Penal de la Nación, en el artículo 186. No como un delito ambiental, porque no existen los delitos ambientales en el CP, pero sí como un delito contra la seguridad pública. Es competencia exclusiva del resorte penal, por lo tanto las actas que labra la Administración Pública se ponen en conocimiento de la justicia” y añadió: “la semana pasada nos reunimos con la Fiscalía de la Unidad de Decisión Temprana para articular cómo se aceitaba este mecanismo para que la justicia tenga una intervención directa y podamos llegar a la aprehensión y a alguna pena privativa de libertad. Más allá de lo que son las sanciones que puede imponer la Administración Pública”.
El funcionario también dijo que “la ley 6253 prohíbe toda quema de vegetación. Luego, la reglamentación habla específicamente ya de la quema de cañaverales. Lo que a veces genera una contradicción es que hay dos figuras, una que prohíbe la quema de vegetación y la segunda figura es la que prohíbe a los ingenios la recepción de caña quemada. Ahí es donde se encuentra la excepción de que el ingenio puede recibir lo que se conoce como caña larga, es decir, la caña que no ha sido cosechada con máquinas mecanizadas. Esa es la única excepción que existe, no es una excepción para la quema, sino que es una excepción para el ingenio de qué tipo de caña quemada puede recibir”.
Sustentabilidad
“Estamos trabajando de lleno, desde antes que inicie la zafra, con lo que es la certificación Local GAP. Son las certificaciones que acreditan que los productores cosechan en verde, porque está técnicamente demostrado que quemar afecta el rinde sacarino de la caña, la productividad del suelo y el productor pierde el rastrojo que en los años que no tiene humedad lo necesita. Entonces venimos trabajando desde la parte preventiva y ahora que empezó, desde que estamos en época de cosecha, venimos fuertemente trabajando en lo que es la instrucción de las multas y la comunicación con la justicia”, analizó Moreno.
Cuantía de las multas
Moreno también dijo que “las multas previstas en la reglamentación de la ley son de cinco a 500 sueldos básicos de la administración y además cada multa tiene una particularidad porque siempre hay un agravante. El agravante siempre se tipifica. Las multas que se configuran o se dan por quema al costado de la ruta, pero los hechos de fuego que son debajo de los tendidos eléctricos, cerca de áreas protegidas. Tienen una serie de agravantes más las multas, se van multiplicando el importe que se va aplicando. Por eso no hay un importe específico, se tiene en cuenta la agravación de la multa”.
¿Cómo se desarrollan los operativos de fiscalización?
El funcionario también explicó que las vías de comunicación son varias: “lo primero que toman en cuenta es un informe diario que emite la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que nos va tirando cuáles son las zonas calientes en el día a día. Es decir, la zona donde más puntos de fuego hay. De ahí se organiza la logística de las inspecciones para aprovechar y maximizar los recursos. Además están las denuncias que llegan por la vía de Defensa Civil, porque recordemos que el número de emergencias 103 sirve para denunciar”.